Mantienen su primera conversación en las redes sociales; él consigue enamorarla; ella se confía —tanto que incluso le envía fotos y vídeos subidos de tono— y él le birla 700 euros. No sucedería todo el mismo día, obviamente, pero ese puede ser el resumen de la denuncia que una mujer de Madrid ha interpuesto contra un presunto bombero de Gran Canaria.
Según ha podido saber este diario, una ciudadana de la Comunidad de Madrid cursó a comienzos del año pasado, en el Juzgado de Instrucción número 13 de la autonomía capitalina, una denuncia contra un ciberamigo de Las Palmas de Gran Canaria que, al parecer, la había estafado.
Tal como consta en las diligencias del caso, a las que ha tenido acceso ABC, la supuesta víctima y el denunciado comienzan su relación por medio de la red social Badoo. Traban amistad y él, perteneciente al cuerpo de bomberos de la «isla redonda» —al menos eso le dijo—, asegura que el cabildo insular no le está pagando sus emolumentos, de modo que no tiene el dinero suficiente como para costearse el viaje desde las Islas hasta la Península.
Siempre con arreglo a la versión de la denunciante, el «bombero» grancanario consigue entonces convencerla para que le transfiera casi 700 euros (676) a su cuenta corriente, una cantidad que, dice, utilizaría para ir a Madrid y conocerla en persona. Pero nunca ocurrió. Ella intentó pedirle explicaciones; él no solo no cogió el teléfono, sino que además borró su correo electrónico y la eliminó de sus contactos de Facebook, Twitter y demás.
Por si fuera poco, el disgusto de la mujer no reside tanto en los 700 euros como en el uso que el hombre pudiera hacer de una serie de archivos de foto y vídeo «íntimos» que esta le remitió durante la relación. De hecho, teme que los utilice con fines de «divulgación» y «comercialización».
Será ahora el juzgado madrileño el encargado de la causa, pese a que tras incoar las diligencias previas se había inhibido de la misma y había trasladado el asunto al Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria, que delegó el trabajo en el número cinco de los de la ciudad. Sin embargo, el 12 de mayo de 2011 este último acordó no aceptar la inhibición, lo que ha dado lugar a un auto del Tribunal Supremo, fechado el pasado 7 de febrero, en el que se devuelve el caso a la capital.
Por www.abc.es
