No sólo la reforma laboral solivianta a los sindicatos italianos (la CGIL, central mayoritaria anuncia huelga general para finales de abril). Los ánimos se han calentado aún más en los sindicatos y trabajadores ante lo que se anuncia ya como inevitable: la subida del IVA al 23%.
En su decreto “salva Italia”, el primer ministro Mario Monti elevó ya al 21% el IVA, desde la cifra anterior del 19 %. Estableció ya entonces que si eran necesarios más ingresos para las arcas del Estado, y no se hacían suficientes recortes en los gastos, las cuentas serían cuadradas con un aumento del IVA.
Esta posibilidad acaba de ser confirmada por el influyente ministro del Desarrollo, Corrado Passera, que ha usado incluso el término “automático” para indicar que el incremento del IVA será una realidad. Significativamente, Passera hizo el anuncio ante una platea de ilustres invitados: el Forum de la Confederación General de Comercio italiana (Confcommercio), en Cernobio. Será a partir del 1 de octubre. Lo confirmó el viceministro de Economía, Vittorio Grilli, precisando que no hay ningún plan B para evitarlo.
Ante el anuncio del ministro Passera, Susanna Camusso, la secretaria general del sindicato CGIL, central mayoritaria, ha advertido que ese aumento significará “un extraordinario empeoramiento de las condiciones de los trabajadores y de las empresas”.
Italia, a la cabeza en impuestos
Italia tendrá así la presión fiscal entre las más altas de Europa: va a superar el 45%. Después e daneses, suecos y belgas, los italianos son los que más impuestos pagan, con la diferencia de que su nivel de servicios es muy inferior al de los países citados.
A comienzos del año, el ministro para las Relaciones con el Parlamento, Piero Giarda, anunció un plan para cortar gastos en burocracia, Sanidad, subsidios a las empresas y gastos en las provincias. El objetivo al mismo tiempo era evitar subir los impuestos. Pero tres meses después los resultados de ese plan de recortes son decepcionantes.
Muchos economistas han pedido a Monti en los últimos meses que meta mano a los subsidios que el estado ofrece a empresas públicas y privadas, por valor de 44.000 millones de euros, una cifra astronómica que los expertos consideran que no sirven para amentar la eficiencia ni la competitividad de las empresas.
La corrupción, imparable
Otra parte consistente del gasto público se destina a las regiones, donde la corrupción se extiende como mancha de aceite: más de 200.000 millones de euros; de ellos, la mitad se destina en Sanidad. Grandes son también los gastos de las provincias, que la gran mayoría de los partidos considera que se deben abolir, pero que de momento cuestan 15.000 millones de euros, con 50.000 funcionarios.
Sin duda, un grave problema para el Gobierno de Monti es la corrupción, que ha alcanzado cotas como nunca se habían conocido antes en Italia. Las cifras oficiales estiman que el Estado deja de ingresar en sus arcas cada año 130.000 millones de euros por la corrupción, evasión fiscal, fraudes y mafias. De ahí que desde diversos sectores se le pida a Mario Monti con urgencia una ley anticorrupción.
Por www.abc.es
